El Contradictorio Derecho Laboral

Hay un dicho que sabiamente dice, “de buenas intenciones esta pavimentado el camino al infierno”, es decir que con fines benévolos, o aparentemente buenos, muchas veces se realizan acciones cuyas consecuencias son perniciosas o incluso contradictorias a los objetivos que quieren lograr o las personas que se quiere ayudar. Esto suele suceder por el desconocimiento de las verdaderas causas que originan el problema que se necesita solucionar. O bien por caer en el error de precipitarse a resolver emocionalmente y no acorde a la razón, una situación que nos molesta o juzgamos como negativa. Como estudiante de derecho me he dado cuenta que las leyes son unos de las formas más comunes de incurrir en esta costumbre; y dentro de ellas hay una categoría que resulta más que obvia: el “derecho laboral”.

Este mal llamado “derecho” (porque en realidad es una necesidad; el verdadero derecho sería el de libertad de acción) tiene como fundamento la protección del trabajador y supone que hay una relación desventajosa entre el empleador y el empleado. Partiendo de dicha premisa asume como finalidad la equiparación de lo que dentro de una lógica materialista-histórica se le llama medios de producción, es decir el trabajo y el capital. No sobra decir que sus orígenes están en la segunda mitad del siglo XIX y que no es coincidencia que su discurso este impregnado de la teoría de la “lucha de clases” donde la sociedad se encuentra dividida antagónica e irreconciliablemente.

Si dejamos de lado las situaciones donde su defensa tiene un origen perverso, es decir que se explica porque se usa como un medio para conseguir prebendas o privilegios y nos enfocamos en los escenarios donde se defiende por una ´buena intención´ nos podemos dar cuenta de lo contradictorio que resulta. Dicha contradicción se debe en principio a la reducción que se puede hacer de toda la legislación laboral - y a la que ningún laboralista se opondría - es decir que las leyes de trabajo buscan mejorar las condiciones de vida y de prestación de servicios del trabajador. Pero la forma en que se busca realizar dicho fin es mediante la coacción muchas veces asfixiante de la fuente de dicho empleo, en otras palabras el empresario que crea plazas y contrata trabajadores. Vemos que por decreto se aumentan salarios más allá de su nivel real, se establecen trabas que impiden la movilidad laboral, se obliga a las empresas a otorgar beneficios a los trabajadores a costa de la productividad, etc, etc, etc. . (Resulta increíble que pese a no ser tan complicado muchas personas aún se rehúsen a aceptar que las empresas no son bolsas de dinero sin fondo.) Lo único que se logra con ello es reducir el margen de ganancia, a veces incluso tornándolo en perdida, lo cual tiene como consecuencia dejar de hacer atractiva dicha inversión y se detiene la creación de más y mejores empleos. Entonces todas las mejoras que se habían logrado resultan ser una ilusión porque a largo plazo dichas dependen de la existencia de una empresa que las otorgue.

De lo anterior podemos deducir que mientras mayores sean las intenciones de mejorar las condiciones del trabajador pero se utilice medios coactivos para lograrlo se llegara a un punto donde la empresa que ofrece el empleo deja de ser rentable y dicha plaza desaparecerá, con la consecuencia de la disminucion de calidad de vida del ahora desempleado. En ello radica la contradicción. Un hecho que tiene - como decía antes- su origen en una grave deficiencia de conocimiento, en este caso de los principios económicos que permiten el desarrollo.

Así mismo suele haber personas que justifican dicha contradicción asumiendo como ejemplo de su aplicación exitosa el caso de Europa, donde las empresas siguen existiendo a pesar de tener una de las legislaciones laborales más estrictas que existen. Es cierto, pero dichas personas no ven que para llegar a tales niveles tuvieron que pasar por un proceso de desarrollo económico que fue posible gracias a la libertad de contratación. Fue solo después que dichas economías crecieron y tuvieron los recursos necesarios que se pudieron dar los beneficios que sus trabajadores gozan hoy. Si cuando los países europeos estaban al nivel de desarrollo de los nuestros hubieran tenido su legislación laboral actual es seguro que no habrían logrado tal progreso. Por muy estricta que sea una ley o mucha fuerza tenga el estado esto no se daría si no fuera posible para las empresas pagarlo. En otras palabras ningún gobierno o ley podría exigirle a un grano de trigo que alimente un regimiento.

Lo anterior deriva en otra contradicción. Las leyes que la Organización Internacional del Trabajo, insiste en aplicar para beneficiar a los países en desarrollo, no son más que leyes de fomento a la pobreza. Y no sería un error calificar a dicha agencia internacional como una de la causas más importantes del mediocre crecimiento economico de muchos de esos países. Estos aceptan sus normativas temiendo represiones políticas o de negación de asistencialismo, otro gran error, a costa del desarrollo sostenible a largo plazo.

Más allá de todo lo que se pueda decir de esto en economía, teoría jurídica, o política y que llenaría tratados y enciclopedias. Me gustaría resaltar el aspecto que mencionaba al principio, la intencionalidad. Me parece importante porque el problema no radica en esta, ya que no podríamos negar que es loable desear el bien a los demás. Incluso comparto el deseo de mejorar la condición de vida de los trabajadores, pero creo que no se debe hacer por los medios que propone el derecho laboral. Aún más, no me opongo a que alguien individualmente en su empresa decida aplicar las políticas que los laboralistas proponen, siempre y cuando de la misma manera sea él quien corra con los costos y asuma responsablemente las consecuencias de sus acciones. Lo que sí es un problema, y demasiado grave, es que se pretenda convertir dicha intención en una obligación imperativa para todos los empresarios, por medio de la coacción estatal. Lo que nos hace reflexionar en el tipo de sistema que permite que se den estos atropellos a la libertad individual, y que esta lejos de limitarse a lo laboral. En resumen el problema de la legislación de trabajo surge de querer hacer de la intención (aún si es benévola) algo obligatorio para los demás incluso en contra de su voluntad. Y esto a su vez tiene origen en un mal entendimiento de los fundamentos de la libertad y la democracia.

Finalmente hay que decir que la mejor legislación laboral es aquella que tienda a devolver a trabajadores y empresarios su libertad de acción, que ha demostrado ser más eficiente que toda las leyes vigentes. Por lo mismo en nuestro país, si es que de verdad se quiere avanzar, urge una reforma a la legislación de trabajo y en general una depuración seria de leyes, decretos y reglamentos que aunque bien intencionados son solo contradicciones a los fines que pretenden lograr.